El cambio de gestión ha puesto en stand by la cuestión vinculada con la responsabilidad fiscal de las provincias. Los gobernadores, así, se sacaron un peso de encima frente a los posibles incumplimientos en las reglas que regulan la manera de gastar y de endeudarse. Lo segundo está vedado para muchos de los distritos que suscribieron el acuerdo para la aplicación del Régimen de Responsabilidad Fiscal, hace una docena de años. Lo primero, según indican algunos ministros provinciales, es casi de difícil cumplimiento de no incrementar, por ejemplo, el gasto más de un 15%. Y encuentran una explicación natural a ese incumplimiento: el proceso inflacionario que ha golpeado también a las finanzas provinciales.
De todas maneras, hay provincias que siguen aplicando el sistema de control más allá de que no esté funcionando orgánicamente el consejo que lo supervisa. “La transparencia fiscal es clave para cualquier administración y Tucumán está haciendo los deberes en ese sentido”, puntualiza a DINERO el ministro de Economía, Eduardo Garvich, cuando se le consulta cómo puede hacer frente el distrito a un posible monitoreo federal en las cuentas públicas. Tucumán, no obstante, está a mitad de tabla al evaluarse su situación en la publicación de informes de transparencia, tal como está regulado en el Régimen de Responsabilidad Fiscal. Y esto se desprende del informe, al 31 de marzo pasado, sobre cumplimiento de metas, difundido por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En ese diagnóstico, al que accedió DINERO, se observa que Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, San Juan y Córdoba, ocuparon el primer grupo al que se lo puede definir como de alto cumplimiento, presentando toda la información que exige la ley, dentro de los plazos establecidos (Presupuesto, créditos, nivel de ocupación y ejecución presupuestaria, entre otras).
Dentro de ellas se destaca Entre Ríos exponiendo la información de su planta de Personal a febrero de este año, indica el reporte. Este no es un dato menor: la mayor parte de las provincias no difunde públicamente el nivel de ocupación total de la administración que, según datos oficiales, el empleo estatal vino creciendo a razón del 30% por encima del nivel poblacional. Respecto del informe anterior se incorporaron a este grupo las provincias de Neuquén y Río Negro.
El segundo grupo está compuesto por Chaco, la Ciudad de Buenos Aires, Formosa, Mendoza, Santiago del Estero, Chubut y Tucumán. En este conjunto se aprecia un menor compromiso con la totalidad de planillas exigidas por la Ley Federal de Responsabilidad Fiscal, aunque presentan al menos el Presupuesto 2016 y la ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración Pública Provincial a diciembre de 2015, o la totalidad de las planillas exigidas por la Ley a septiembre de 2015, indica la ASAP.
La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Chaco, Formosa, Chubut y Tucumán tuvieron el mismo desempeño que en el semestre pasado. Mientras que, Mendoza y Santiago del Estero mejoraron comparando contra el informe anterior, ya que en el relevamiento pasado presentaron falencias en sus sitios web por cambios de diseño.
El tercer conjunto incluye a las provincias de Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Salta, Buenos Aires y Misiones y se caracteriza por incluir al menos el Presupuesto 2016 y alguna otra información con no más de dos trimestres de retraso. El cuarto grupo está formado por las jurisdicciones con información incompleta o fuera de un plazo de seis meses, y que como mínimo publican el Presupuesto 2016. Ellas son: Tierra del Fuego, La Pampa y San Luis. Corrientes, Jujuy y Santa Cruz están en el último lote, ya que no presentan ninguno de los datos solicitados en el régimen. Sólo la provincia norteña marca la novedad, ya que su sitio web está en proceso de reconstrucción. En este último aspecto, Rafael Flores, titular de la ASAP, sostiene que es repetitiva la inconducta de Santa Cruz y de Corrientes a la hora de difundir su comportamiento fiscal. “Hace años no presentan dato alguno, ni presupuesto ni ejecución”, acota. Flores explica que, sin esos informes, a cualquier administración le resulta difícil discutir sobre las políticas de financiamiento y de asignación presupuestaria en áreas de gobierno, de educación o de salud. Hablando de la cuestión de fondo, el economista puntualiza que, sin dudas, éste es un momento muy complejo para los gobernadores porque la inflación activa más los niveles de gastos que de ingresos. “Cuando una economía crece, generalmente las provincias no tienen problemas fiscales, pero cuando hay recesión, la historia cambia y hay que ser más responsables fiscalmente”, finaliza.
Choque de intereses
Finanzas quiere que el consejo de ministros siga bajo su órbita, pero interior procura reactivarlo
Una cuestión de competencia. Eso es lo que observan los ministros provinciales respecto de la situación del consejo y del comité de Responsabilidad Fiscal que, desde el año anterior, no se reúne formalmente. Sucede que ambos organismos están bajo la órbita natural del Ministerio de Economía, hoy también de Finanzas y Hacienda, a cargo de Alfonso Prat-Gay. No obstante, las cuestiones fiscales relativas a las provincias, vienen siendo analizadas y resueltas por el Ministerio del Interior y Transporte, comandado por Rogelio Frigerio. Según trascendió, ésta última área está interesada en reactivar los encuentros que tienen que ver con el cumplimiento del régimen de responsabilidad fiscal. Particularmente, porque avanzó con la negociación acerca de la devolución parcial del 15% de la coparticipación federal de impuestos. El choque de intereses es claro. Por ahora, no se sabe cómo continuará el régimen que trata de brindar transparencia al manejo de las cuentas públicas provinciales. La presidencia del cuerpo que lo regula es clave para sostener la relación política y fiscal con los gobernadores.
Pincipio de transparencia
Qué es lo que establece el régimen federal
Cada provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional publicarán en su página web el Presupuesto Anual -una vez aprobado, o en su defecto, el Presupuesto Prorrogado, hasta tanto se apruebe aquél-, dice el artículo 7 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. La misma norma establece la difusión de las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego de presentadas a las legislaturas correspondientes. “Con un rezago de un trimestre, difundirán información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del stock de la deuda pública, incluida la flotante como así también los programas bilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo de acreedor”, finaliza el artículo. El régimen fue creado en agosto de 2004 con la idea de establecer las reglas generales de comportamiento fiscal y dotar de una mayor transparencia a la gestión pública. Uno de los puntos más controvertidos del régimen es el nivel de ocupación. Cada provincia debía elevar al Ministerio de Economía de la Nación al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, diferenciando el personal de planta permanente y transitoria, además de lo contratado. Ese dato no es público.